Discurso de la ex Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Santander – España, 02 de septiembre de 2010

Quiero comenzar agradeciendo sinceramente la decisión del Consejo de Gobierno de la UniversidadInternacional Menéndez Pelayo de entregarme el grado de Doctora Honoris Causa de esta prestigiosa casa de estudios.

Me siento muy honrada con este nombramiento, que recibo con alegría y con humildad, y que interpreto como un reconocimiento al pueblo de Chile por las batallas que ha dado para construir una sociedad cuyos cimientos sean la democracia, la cultura de los derechos humanos y la justicia social.

Ignoro si romperé alguna tradición de esta ceremonia –si lo hago les agradezco comprensión- pero deseo dedicar esta distinción al tesón, la fuerza y la solidaridad que han mostrado un grupo de 33 mineros que permanecen, desde el 5 de agosto, atrapados a casi 700 metros de profundidad en una mina, en el norte de Chile.

Tras 17 días de un trabajo incansable e ininterrumpido por parte de trabajadores y profesionales de la minería chilena, fue posible llegar con una sonda y comprobar que estaban todos vivos. Chile entero, cada uno de nosotros, sentimos una alegría enorme y una admiración a la lección que ellos nos han dado.

Son 33 hombres curtidos en faenas especialmente duras, acostumbrados a correr riesgos cada día y que han actuado con una entereza y compañerismo admirable. Una vez que se les pudo hacer llegar una línea telefónica, ellos cantaron el himno nacional desde las profundidades de la montaña.

Para organizar el rescate, las autoridades han desplegado los mejores equipos humanos y las maquinarias más avanzadas de la mayor empresa cuprífera estatal, Codelco, pero la operación reviste enormes complejidades geológicas y topográficas, y podría demorar 3 o 4 meses. Es, sin duda, una prueba dura para mi país, que se suma a los efectos del terremoto y el maremoto que tuvieron lugar en la zona centro-sur el pasado 27 de febrero.

En este mes de septiembre, Chile cumplirá 200 años de vida independiente. Nos habíamos estado preparando para las celebraciones desde hacía tiempo, pero inevitablemente el Bicentenario estará marcado por la situación de nuestros mineros y las exigencias que plantea la reconstrucción de las ciudades y pueblos devastados por el terremoto-maremoto de febrero de 2010.

Más que celebrar, conmemoraremos el Bicentenario por supuesto, pero nuestras voluntades deben estar en los deberes que tenemos como comunidad.

Mi país ha progresado en varios ámbitos y ha alcanzado un nivel de desarrollo medio, pero tiene que enfrentar todavía retos de gran envergadura para llegar a ser una nación plenamente desarrollada. Entre esos retos está el de asegurar condiciones laborales dignas y seguras a todos los trabajadores.

En las actividades productivas, nada puede ser más importante que la vida humana. En este plano, no pueden aceptarse las actitudes desaprensivas o negligentes. Los empresarios tienen una responsabilidad y el Estado tiene un deber insoslayable, que es fiscalizar rigurosamente el cumplimiento de las leyes y normas establecidas para proteger la vida y la salud de los trabajadores.

Amigas y amigos:

A los países de América Latina nos ha costado dejar atrás el subdesarrollo por un conjunto de razones. Nos ha costado articular en un mismo impulso el compromiso con la libertad y el empeño por la igualdad. Y nuestras naciones ya no son tan jóvenes, por lo que tenemos una historia por la cual responder y hacernos cargo de las luces y las sombras de nuestra evolución.

Los chilenos perdimos la democracia hace 37 años y nos demoramos 16 años y medio en recuperarla. Se puede decir que cuando nos faltaron las libertades fundamentales, apreciamos plenamente su valor; cuando se violaron sistemática y masivamente los derechos humanos, entendimos dolorosamente que constituían el fundamento de la vida civilizada.

Antes de la tragedia de septiembre de 1973, parecíamos creer que la libertad era parte del paisaje, que simplemente estaba allí y no corría riesgo alguno. Ni imaginábamos siquiera la posibilidad de perder la libertad porque para nosotros era como el aire que respirábamos.

Pues bien, vino el momento en que ese aire se volvió tóxico y muy nocivo para nuestra salud. Era el efecto de la represión en gran escala, de los crímenes sin nombre cometidos en esa época tan oscura  en nuestra patria. Estamos, pues, obligados a luchar siempre por la libertad, pues nunca está plenamente asegurada.

Fue muy alto el costo humano que los latinoamericanos pagamos en los años 70 y 80 como consecuencia del predominio de regímenes dictatoriales en nuestra región. Creo que hemos aprendido las duras lecciones que se derivan de esa experiencia.

Sabemos hoy mejor que ayer que la democracia debemos cuidarla cada día y que la gobernabilidad depende de todos. Es muy valioso que los valores y procedimientos democráticos hayan arraigado en nuestro continente en las últimas décadas, pues esa es la base insustituible para convivir en la diversidad, proteger las garantías individuales y levantar instituciones eficaces. Es esencial que las nuevas generaciones asimilen esa experiencia.

Hay algo más que los latinoamericanos hemos aprendido en el camino. Me refiero a la importancia de los equilibrios macroeconómicos para llevar adelante un proyecto de progreso. Hoy se entiende mejor en nuestra región que no da lo mismo tener o no tener déficit fiscal; inflación controlada o descontrolada; aumento o disminución de la inversión extranjera; certeza o inestabilidad jurídica; colaboración o desconfianza entre el Estado y el sector privado; etc.

Gracias a esa mejor comprensión, América Latina enfrentó la reciente crisis económica mundial con ciertas fortalezas de las que carecía en otros períodos de crisis, lo que le permitió amortiguar el impacto mejor que muchas otras naciones.

En su informe de julio, el Fondo Monetario Internacional proyectó para nuestra región un crecimiento promedio entre 4,5% y 5% en 2010, lo que contrasta con la obligada austeridad fiscal y las dificultades de crecimiento de otras partes del planeta.

Por su parte, la CEPAL prevé un crecimiento de 5,2%, ya que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe supieron aprovechar el período de bonanza en la economía y las finanzas internacionales, previo a la crisis, para sanear sus cuentas públicas, reducir y mejorar el perfil de su endeudamiento y aumentar sus reservas internacionales.

Este proceso, expresó la CEPAL en julio,  “permitió un mayor espacio para la aplicación de políticas públicas contracíclicas e hizo posible el inicio de la recuperación en la segunda mitad de 2009”.

Para América Latina se vislumbran, pues, favorables condiciones económicas para  los años que vienen. Pero todavía nos falta mucho para asegurar a todas las personas una vida con menos incertidumbre y mejores oportunidades.

Somos un continente marcado por el estigma de la desigualdad, y eso nos plantea grandes exigencias en el terreno de las políticas públicas orientadas a romper el círculo de reproducción de la pobreza. Tenemos que seguir trabajando para que los hijos de los pobres no se conviertan en padres de pobres, pero además elevar la calidad de vida del conjunto de la población según las pautas del desarrollo humano.

Es clave el crecimiento económico, pero no basta. Sabemos que un país puede crecer sin que los frutos de ese crecimiento lleguen al conjunto de la población. Es indispensable trabajar simultáneamente por el crecimiento y por la equidad. Eso pasa necesariamente por la presencia de un Estado que sea resuelto promotor de la inclusión social.

La crisis económica mundial ha constituido una lección de economía política para todos, incluidos los especialistas. Hemos visto a qué extremos puede llegar la lógica de la ganancia rápida y que no repara en medios, y cuán artificial puede ser el encadenamiento de productos financieros que no guardan relación con el estado de la economía real.

El libre mercado ha probado ser un mecanismo eficaz de generación de riqueza, pero la crisis nos ha confirmado que puede provocar grandes estragos económicos, sociales e incluso políticos si funciona sin controles adecuados, como ocurrió en Wall Street en los años previos a la debacle inmobiliaria.

Es indispensable velar por el interés colectivo en la economía, y eso supone que el Estado sea capaz de poner límites y de sancionar los abusos. La libre competencia es positiva; el libertinaje no lo es. El emprendimiento merece apoyo; el aventurerismo bursátil de ninguna manera. La economía no puede funcionar como si la comunidad no existiera. Debemos extraer las enseñanzas profundas de esta crisis, y una de ellas es que la avaricia puede volverse extremadamente peligrosa y que la sociedad tiene derecho a defenderse de quienes actúan guiados por ella.

Tuve el alto honor de desempeñarme como Presidenta de la República de Chile entre marzo de 2006 y marzo de 2010.  Como todos saben, fui la primera mujer que llegaba a ese cargo en toda la historia de mi país, lo que significó para mí  un honor y una inmensa responsabilidad porque las mujeres de mi patria sentían –de una u otra manera- que habían entrado conmigo a La Moneda y una mujer era su representante.

La hoja de ruta de mi gestión se resumió en este lema: “Crecer para incluir e incluir para crecer”. Esta manera de ver las cosas interpretaba a la mayoría del país, que había elegido cuatro gobiernos de centroizquierda, incluido el mío, después del fin de la dictadura.

Lo llamativo es que numerosos empresarios de mentalidad moderna entendieron que esa formulación constituía también un criterio de racionalidad económica, ya que, al crearse condiciones favorables para una mayor integración social, se generaba también un clima propicio para la inversión y los negocios.

El sello de mi gobierno fue la protección social. Ello se expresó en el crecimiento constante del presupuesto de salud, educación, vivienda y previsión. Así, por ejemplo, pudimos llevar adelante una política habitacional centrada en la construcción de viviendas de mejor calidad para los sectores más  modestos, y consolidar el sistema de garantías explícitas en salud respecto de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Además, entendimos que había  desigualdad entre hombres y mujeres, con los pueblos originarios, entre otros.

La línea de protección social se reflejó también en el esfuerzo por aumentar los empleos asalariados; en el fomento de la capacitación laboral; en la fiscalización para asegurar que se cumplan los derechos laborales, sobre todo en ámbitos como las condiciones de trabajo y la negociación colectiva.

Perfeccionamos el subsidio de cesantía y aprobamos una ley destinada a garantizar igual salario para mujeres y hombres que desempeñen la misma función.

Me siento muy orgullosa de la reforma previsional que materializó mi gobierno. Gracias a ella, miles de chilenas y chilenos que carecían de pensiones empezaron a recibir desde el año pasado una pensión básica solidaria de aproximadamente 150 dólares mensuales, y quienes recibían pensiones muy bajas las vieron mejoradas. Introdujimos cambios para que las dueñas de casa recibieran una pensión y fueran sujetos de derecho y no carga del marido.

Igualmente contenta me siento por el gran logro conseguido al crear el Sistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece Contigo”, que estableció condiciones de mayor seguridad para el desarrollo de todos los niños y niñas incluso desde antes de nacer. Convencida de que la desigualdad parte desde la cuna.

Hace algunos días estuve en Ginebra invitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presidir el Grupo Asesor de Naciones Unidas para la elaboración de un informe mundial sobre un Piso de Protección Social, trabajo que debemos entregar en septiembre del próximo año. Sentí que con este nombramiento había un reconocimiento a la labor que en material de progreso y protección social llevó adelante no solo mi gobierno sino los 4 gobiernos de la coalición de centro izquierda que gobernó Chile por 20 años.

En el Grupo Asesor para la elaboración de un informe mundial sobre un Piso de Protección Social participan destacadas personalidades como Aurelio Fernández, Presidente del Comité de Protección Social de la Unión Europea; Ebrahim Patel, Ministro de Economía y Desarrollo de Sudáfrica; Margaret Wilson, ex Ministra del  Trabajo de Nueva Zalanda; Kemal Dervis, Vicepresidente del Brookings Institution; Martin Hirsch,  Alto Comisionado para Actividades Solidarias contra la Pobreza y para la Juventud de Francia, o Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud.

Vamos a trabajar “porfiadamente” en la elaboración de un informe que nos permita aunar las voluntades políticas, económicas y de la sociedad civil de los países del mundo y para poder establecer un mínimo en protección social para sus habitantes. Este es un desafío que a todos nos llena de orgullo y esperanza.

En mi experiencia como Presidenta confirmé que la calidad de las políticas públicas hace la diferencia entre marcar el paso o progresar en el terreno social. No se trata de una visión estatista, que a golpe de puro voluntarismo modifica la realidad, sino de una línea de acción encaminada a desplegar las capacidades del conjunto de la sociedad.

Esto obliga a actuar con realismo y a tomar distancia de cualquier fórmula populista o demagógica que ofrezca soluciones fáciles o atajos que no se sabe adónde pueden conducir. De lo que se trata es de potenciar las fuerzas del mercado y, al mismo tiempo, usar el poder del Estado para favorecer el sentido de justicia. En mi experiencia puedo decirles que se puede ser popular sin ser populista.

Mis compatriotas han valorado especialmente el manejo responsable y previsor de la economía, que permitió ahorrar en los tiempos de bonanza del precio del cobre, y gracias a lo cual, cuando llegó la crisis internacional, pudimos amortiguar su impacto en la población elevando el gasto social y protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables.

En los últimos 20 años, Chile ha desarrollado una matriz de progreso económico y social que combina el empuje de la empresa privada y la acción dinámica del Estado. Dicha matriz se ha demostrado exitosa y ha llevado a nuestro país al punto más cercano al umbral del desarrollo en toda su historia.

Yo espero que se mantenga bajo el gobierno de centroderecha que asumió en marzo de este año. Si tal perspectiva no sufre modificaciones sustanciales y no se producen retrocesos en las políticas sociales, Chile puede convertirse en una nación desarrollada en la próxima década.

Una de las principales exigencias para alcanzar tal objetivo es dar un salto en la formación de capital humano, para lo cual es decisivo mejorar nuestro sistema educativo.

Amigas y amigos:

La política suele ser mirada con recelo por mucha gente, que tiende a desconfiar de los partidos e incluso a marginarse de los procesos electorales. Se trata de un fenómeno mundial que no es fácil revertir y que, en no pocos casos, se origina en ciertas prácticas centradas exclusivamente en las disputas por el poder, lo que fomenta la oligarquización de los partidos y la reducción de los espacios de participación de los ciudadanos.

Esto mismo empobrece el debate de ideas y programas. Es esencial, y es lo que estamos trabajando desde mi Fundación –Fundación Dialoga-  que los partidos cultiven los valores de la decencia, la probidad y la transparencia en la vida política, y que rechacen cualquier tipo de trapacería.

Necesitamos que los partidos actúen en sintonía con la época en que vivimos, en la que se multiplican las llamadas redes sociales surgidas de las nuevas tecnologías de la información, las cuales favorecen la comunicación transversal e inmediata de las personas. Si aspiran a influir, los partidos deben ponerse en línea con ese mundo que cambia vertiginosamente ante nuestros ojos.

En Chile, hoy se manifiesta de diversas maneras la exigencia de renovación y oxigenación de los partidos y los liderazgos, de modo que expresen en las palabras y en los hechos una concepción de la política como servicio a la comunidad, defensa del interés colectivo, compromiso con el empeño por tener una sociedad más justa.

Necesitamos seguir  dotando de nobleza a la política, porque se trata de una actividad que es esencial para que los seres humanos resolvamos civilizadamente los múltiples asuntos que son propios de una sociedad abierta, en la que los ciudadanos reclaman con razón su derecho a ser escuchados e influir en las decisiones. Todo ello se relaciona por supuesto con la necesidad de perfeccionar el régimen democrático.

Reivindico aquí la acción política como la posibilidad de mejorar la vida para todos, en particular para quienes han estado históricamente en desventaja.

No es una utopía concebir la política como un esfuerzo por humanizar la sociedad. Ese debe ser el norte. Estoy convencida de que es posible avanzar en esa dirección.

Muchas gracias.