Durante su intervención, la ex jefa de Estado recalcó la necesidad de invertir en las niñas y mujeres del mundo asegurando su acceso a la educación primaria y secundaria con el objetivo de incrementar el rendimiento y productividad de sus comunidades. “Un año extra en la escuela primaria aumenta entre un 10 a 20 % los salarios de las mujeres. Un año extra en educación secundaria aumenta en 15 a 25% los futuros salarios de las niñas”, explicó Bachelet.

“Sabemos que cuando se invierte en educación para niñas, no sólo primaria sino también secundaria, hay una importante caída en embarazo adolescente, lo que implica una caída en la mortalidad materna, pues los mayores índices de mortalidad materna en países en vías de desarrollo se da entre mujeres de 15 y 19 años”, afirmó la ex mandataria.

De acuerdo a la titular de ONU Mujeres, para cumplir con los objetivos propuestos para la igualdad de género es fundamental asegurar el libre acceso de mujeres a los niveles de toma de decisiones económicas y políticas. “No estamos diciendo que hay que entregar cuotas a las mujeres por el simple hecho de hacerlo. Hay que dar espacios a las mujeres porque pueden contribuir en sus lugares de trabajo. Lo mismo sucede en política: las mujeres pueden mejorar la calidad de la política, mejorar las políticas públicas que los gobiernos implementan”, apuntó.

Los integrantes del panel coincidieron en que es necesario que las mujeres desarrollen su liderazgo y ambicionen ocupar cargos de representación popular. En ese sentido, Michelle Bachelet enfatizó que pese a que culturalmente la ambición no es vista como una virtud, ésta puede ser utilizada como una fuerza positiva.

Columna publicada en www.elmostrador.cl el jueves 26 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

Dejemos de lado por un momento el revuelo político provocado por la propuesta RN-PDC. Centrémonos en el contenido de la misma, en sus premisas y recomendaciones. Encontraremos que es un documento que apuesta por la moderación, por la prudencia. No digo que sea una mala propuesta. Muy por el contrario, sin duda que ella atiende muy importantes aspectos de la vida democrática. Pero, intentaré probar que deja fuera otros aspectos que considero fundamentales, esenciales en la distribución de poder político y social.

El documento contiene tres proposiciones: la necesidad de fortalecer las instituciones representativas disminuyendo el presidencialismo exacerbado; la recomendación de fortalecer los partidos políticos; y el reto de estimular la participación ciudadana. Todo aquello bajo el entendido que debemos atender simultáneamente a la gobernabilidad y la representatividad.

Las propuestas específicas concentran su atención en cuatro áreas de reforma: establecimiento de un nuevo régimen de carácter semipresidencial; democratización del gobierno regional y municipal; establecimiento de un sistema electoral proporcional corregido; y fortalecimiento de la calidad de la política a través de variados mecanismos asociados al límite en los cargos de elección popular, financiamiento público, transparencia y democracia interna de los partidos.

Gran parte de estas propuestas o están siendo discutidas en el Congreso Nacional o se encuentran plasmadas en intentos de reforma fracasados en años pasados. Pero ello no la hace menos meritoria. Su virtud es sin duda quienes la firman. RN y el PDC consideran esta reforma como “una tarea esencialmente patriótica”. Los dos pasos más innovadores son avanzar hacia un semi-presidencialismo y establecer un nuevo sistema electoral.

Sin embargo, la propuesta opta por la moderación. La considero así por cuanto no alterará sustancialmente las relaciones de poder en la sociedad. Es decir, la propuesta ajustaría nuestras instituciones representativas, pero no necesariamente ello quiere decir que la distribución del poder en la sociedad será más justa.

Existen tres áreas sensibles que no merecieron la atención de sus autores. La primera se refiere a las desiguales condiciones de competencia de los pocos que concentran muchos recursos, y los muchos que cuentan con escasos recursos para hacer valer sus perspectivas. Un nuevo régimen político requiere como pre-condición la modificación de la escandalosa relación entre dinero y política. Ello implica cambiar la ley de financiamiento electoral, aprobar una ley de lobby, y regular más estrictamente los conflictos de interés, entre otros.

Segundo, un nuevo régimen político necesita establecer un equilibrio diferente entre mayorías y minorías. Hoy existe una gran concentración de normas orgánicas constitucionales que requieren altos quórum para su modificación. Todavía más, el Congreso Nacional podría establecer un acuerdo y modificar completamente la Constitución sin tener que preguntar ni una sola vez a la nación. Unos pocos, a quienes hemos delegado el poder, controlan el destino de nuestras instituciones y aquello tiene que cambiar. Requerimos, entonces, transferir poder a la ciudadanía de modo que sea ella la que tenga la última palabra respecto del diseño constitucional que queremos implementar. Así, la ratificación de un nuevo pacto constitucional es esencial para posibilitar una reforma de la magnitud que se plantea.

Tercero, la propuesta no dice nada en relación a la forma en que superaremos las desigualdades históricas presentes en nuestra sociedad. La crisis de representación no se vincula solo con las dificultades experimentadas por las instituciones representativas (el presidencialismo exacerbado, por ejemplo). También se refiere a la injusta distribución de poder en la sociedad: injusta para los indígenas, para las mujeres, los jóvenes, los territorios empobrecidos, las personas con discapacidades físicas. Debiésemos explicitar en nuestras propuestas la forma concreta en que reduciremos estas brechas, y la única forma es a través de explícitos mecanismos de acción afirmativa.

La propuesta RN-PDC recuerda mucho el pacto liberal-conservador del siglo XIX que buscaba remediar algunas enfermedades de la antigua República. Recuerda también al acuerdo Concertacionista-aliancista que reformó parcialmente la Constitución de Pinochet en 1989 y 2005. Se trata de un programa que apuesta por alterar de forma relativa el balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo, pero que no cuestiona en lo más mínimo la distribución de poder en la sociedad. Una agenda en definitiva moderada, cauta. Podríamos decir, una propuesta conservadora.

Columna publicada en www.elmostrador.cl el jueves 26 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

A propósito de los resultados de la PSU, ha comenzado la inscripción de los estudiantes en los distintos establecimientos de la educación superior, y como todos los años, se observa una complicada carrera por conseguir becas y/o créditos. El éxito de esta travesía dependerá del quintil al cual usted o su hijo/a pertenece, y en general, sólo podrán acceder aquellos que están dentro del primer, segundo y -con suerte- tercer quintil. Pero ¿qué significa exactamente ser de tal o cual quintil? ¿debiéramos  suponer, entonces, que quienes viven en hogares que pertenecen al cuarto y quinto quintil tienen todas sus necesidades resueltas?

Para calcular los quintiles se utiliza una metodología que divide en cinco partes iguales a los hogares chilenos y a las personas que viven en éstos. Así, el primer quintil corresponde al 20% de los hogares más pobres, mientras que el quinto quintil corresponde al 20% de los hogares más ricos. Cada quintil agrupa cerca de 940 mil hogares.

Los quintiles donde comúnmente se aplica ayuda social son el primero y el segundo. En términos de ingresos por persona, en el primer quintil se observa un promedio de $31 mil y un máximo de $58 mil, vale decir, aquí puede incluirse una persona que vive sola y genera $40 mil al mes, o una familia de 4 personas que sólo cuenta con $182 mil, equivalente a un salario mínimo.

En el segundo quintil, el ingreso por persona promedio se sitúa en torno a los $80 mil, con un mínimo de $59 mil y un máximo de $100 mil. A este grupo, cuyo tope es de $331.500 por hogar, puede pertenecer una pareja sin hijos que viven con $130 mil al mes o una familia de 4 personas que viven con $300 mil mensual.

El tercer quintil, que ha sido incorporado en el debate público a raíz de las movilizaciones estudiantiles, no se trata precisamente de la clase media chilena. Aquí se encuentran aquellos hogares en donde se registra un ingreso mínimo por persona de $100.678 y un máximo de $160 mil (con un tope de $537.433 por hogar). Por tanto, dentro de este grupo encontramos a un estudiante que vive sólo, trabaja y gana $130 mil al mes, o a una familia de 4 personas con 2 hijos en la educación superior que tienen un ingreso de $500 mil mensual. Sin duda, estamos frente a hogares que no alcanzan a llegar a fin de mes, a menos que recurran al endeudamiento o reciban cuantiosos recursos del Estado.

Por otra parte, el cuarto quintil corresponde al grupo de los –supuestamente- ciudadanos aventajados, a quienes les ha ido bien en la vida y los cuales pueden valerse por sí mismos llegando con cierta comodidad a fin de mes. Para este grupo, las políticas públicas no cuentan, pues Chile es un país donde prácticamente no existen derechos sociales universales. Si exploramos quienes pertenecen a este grupo, considerando que el ingreso mínimo por persona es de $160 mil y el máximo es de $286 mil (con un tope de $949 mil por hogar), podemos encontrarnos a un estudiante que vive sólo, trabaja y que gana el salario mínimo ($182 mil), así como también una pareja de jubilados cuyos ingresos suman $400 mil, o una familia de 4 personas con 2 hijos universitarios cuyo ingreso mensual es de $750 mil.

Resulta evidente que ni el joven estudiante, ni la pareja de jubilados, ni la familia, podrán llegar a fin de mes sin endeudarse o recurrir a otros malabares.

Finalmente, en el quinto quintil, el 20% más rico de Chile, se pueden encontrar aquellos hogares donde el ingreso mínimo por persona es $286 mil y el máximo es casi $15 millones al mes. Aquí, por tanto, convive el esforzado estudiante-trabajador que gana $300 mil, la pareja de jubilados que gasta más de la mitad de sus ingresos en remedios -cuya pensión suma $600 mil-, la familia de 4 personas con 2 hijos estudiando en universidades privadas, cuyo ingreso mensual es de $1.200.000, del cual más de la mitad se va en pagar los aranceles de sus hijos. Incluso, también podemos encontrar a la familia de 4 personas que tiene un ingreso de $30 o $40 millones mensuales.

Este es uno de los grandes problemas de Chile. Mientras las autoridades hablan de quintiles, las cifras demuestran que sólo un 5% o 10% de la población puede llevar una vida tranquila y llegar a fin de mes sin endeudarse. Por otro lado, el 90% o 95% restante necesita de un gran salvavidas y clama por un país serio y moderno que asegure derechos básicos públicos, como educación, salud, vivienda y previsión. Para ellos, el desarrollo sólo ha llegado a través de la tarjeta plástica, la cual lo único que hace es fomentar el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que, perfectamente, estas personas pueden ser parte del 20% más rico de Chile.

Mientras, la elite continúa sosteniendo la tesis de que la causa de las movilizaciones sociales tiene que ver con un país que superó los 15 mil dólares de PIB por persona y con una vasta clase media que se queja de llena.

En la ocasión, Bachelet llamó al Consejo Europeo a seguir los pasos del Sistema de Naciones Unidas y comprometer su esfuerzo para aumentar la participación política de mujeres y desarrollar su liderazgo, promoviendo de este modo la igualdad de participación de mujeres y hombres en la vida política.

“En diciembre los Estados Miembros de Naciones Unidas adoptaron por primera vez en la historia una resolución en la Asamblea General con pasos concretos para aumentar participación política y liderazgo femenino en tiempos de paz, de conflicto o durante la transición política de sus países. Ahora necesitamos que trabajen juntos para transformar este compromiso en acción”, insistió.

En ese sentido, la ex jefa de Estado recordó que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la arena política. “Las mujeres todavía están sub-representadas en política y en el proceso de toma de decisiones. Hoy las mujeres en el mundo representan menos del 10 % de líderes mundiales –con 21 jefas de Estado y de Gobierno en el mundo– y sólo un 19% de parlamentarias a nivel global”, confirmó.

La titular de ONU Mujeres recalcó que uno de los elementos clave para alcanzar mayor participación es el nivel educativo de niñas y mujeres, relevando el caso de Latinoamérica. “En América Latina, el factor principal que influye en el futuro de un niño o niña es la educación de la madre. Cuando las mujeres tienen un buen nivel de educación pueden evitar embarazos tempranos, matrimonios no deseados, prevenir infecciones como el Sida. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en asegurar los derechos de las mujeres”, indicó.

Durante esta semana la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, viajó a Europa, donde asistirá a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo en Estrasburgo, Francia, donde se reunió con los integrantes del organismo durante los días 25 y 26 de enero. El encuentro se produjo días antes de la próxima Cumbre Europea que tendrá lugar el lunes 30 de enero en Bruselas. Posteriormente se trasladó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial que se realiza anualmente en Davos.

La titular de ONU Mujeres arribó a Francia este miércoles 25, donde sostuvo reuniones con diversas autoridades del Consejo Europeo, como su Secretario General, Thorbjorn Jagland y con la Secretaria General Adjunta, Maud de Boer Buquicchio. Además, se encontró con el nuevo Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo, Jean Claude Mignon y con organizaciones sociales relacionadas al trabajo para la igualdad de género en Europa.

Continuó su visita a Francia con su intervención en la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, donde se refirió al rol de ONU Mujeres en la promoción de los derechos de la mujer a nivel global, para finalizar con su participación en el Debate de la Asamblea Parlamentaria.

El viernes 27 de enero dio inicio a su abultada agenda en el Foro Económico Mundial de Davos, con una serie de reuniones bilaterales con representantes de gobiernos y grupos empresariales.

Ese día tuvo lugar el panel “Mujeres como el camino a seguir” –cuya importancia recae en que por primera vez una de las sesiones públicas principales del Foro Económico de Davos se centrará en el liderazgo de la mujer–. Moderado por el conocido periodista Nick Kristof, columnista de The New York Times, participaron junto a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Sheryl Sandberg, Directora de Operaciones de Facebook, Yingluck Shinawatra, Primera Ministro de Tailandia y Desmond M. Tutu, premio Nobel de la Paz, pacifista sudafricano y actual presidente de The Elders, organización no gubernamental defensora de la paz y los derechos humanos.

Bachelet centró sus intervenciones en la urgente necesidad de promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer como un elemento clave en la recuperación financiera y el crecimiento sostenible para el futuro.

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres también participará como panelista en la sesión “De la protección social de empoderamiento social” junto a la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow; el experto en Economía del MIT, Peter Diamond; el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega y el Vicecanciller y Ministro Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Michael Spindelegger.

En la ocasión, Michelle Bachelet hará hincapié en que la protección social representa una inversión que favorece a todos, y cuyos beneficios son visibles tanto en el corto como en el largo plazo, pues funciona como estabilizador macroeconómico inmediato, e impacta positivamente en el desarrollo humano y la productividad.

En ese sentido, Bachelet buscará involucrar un mayor apoyo a las políticas de protección social entre los líderes mundiales económicos y del sector privado, refiriéndose en particular a su experiencia como ex Presidenta de Chile y a las políticas públicas implementadas durante su administración en dicha materia.

La ex Jefa de Estado finalizará su participación en las actividades públicas del Foro Económico Mundial con la cena oficial para “Mujeres líderes”, donde oficiará como moderadora del debate que se enfocará en los nuevos modelos de liderazgo femenino. En la ocasión la ex presidenta compartirá su experiencia de su última visita a Medio Oriente –específicamente a Beirut, capital de Líbano– relevando que los nuevos modelos de liderazgos deben fundamentarse en la participación, inclusión y representación de todos los actores sociales.

Columna publicada en www.elmostrador.cl el miércoles 25 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

El Presidente de la República hizo un solemne llamado a buscar acuerdos entre los partidos políticos para poder realizar las reformas políticas que el desarrollo de Chile requiere y la mayoría nacional reclama. Cuando se produjo el acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, el discurso de La Moneda cambió dramáticamente. Ahora se dice que primero debe haber un arreglo entre los partidos de gobierno y luego con la oposición. Apenas se oculta que el problema es que el Presidente no quiere enfrentar al principal partido de gobierno. La paradoja es que así el Presidente de la República actúa más como un jefe de gobierno parlamentario, velando por la solidez de su coalición de gobierno, que como Jefe de Estado de un tipo de gobierno presidencial que se debe no sólo a quienes lo eligieron, sino que también a todo el país. Grave incoherencia que encadena al Presidente con un candado cuya llave tiene el único partido que, a estas alturas, defiende el sistema electoral binominal. Renunciar a ejercer un rol suprapartidista, especialmente en tiempos de división nacional acendrada, no es una noticia que deba alegrar a los chilenos en este caluroso verano de un año que se anuncia tórrido.

Anotemos que Chile no está dividido por dos mitades iguales. Pues existe una mayoría que pide reformas socio-económicas y políticas de envergadura y una clara minoría que las frena asilada en una institucionalidad que las impide. La parálisis decisoria se produce, porque nuestro Congreso Nacional ha sido generado por un sistema electoral inicuo y requiere de altísimos quórums para aprobar reformas constitucionales y legales de envergadura. Además, la mayoría que eligió al Presidente de la República es minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados sólo gobierna en virtud de un frágil pacto.

Constatemos que esto no sería necesariamente negativo si lo que tememos es una tiranía de la mayoría y una presidencia imperial que al contar con mayoría en el Congreso aplasta a la oposición. Pues en las formas presidenciales de gobierno “el Presidente y el Congreso son instituciones separadas que comparten el poder”. Pero al contar con un “gobierno dividido”  la clave reside justamente en el resorte principal de la máquina: la calidad del  liderazgo presidencial. Este debe jugar todo su poder y prestigio para alcanzar un acuerdo que garantice que los gobiernistas y la oposición reconozcan efectivamente que su democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de los derechos de la minoría.

Por cierto, el Presidente tiene alternativas cuando no quiere negociar y opta por intentar quebrar la oposición que le niega  sus propósitos. Dos vías surgen para romper la mayoría parlamentaria opositora: la clientelar y la retórica. La primera, consiste en que el presidente y sus ministros, con gran paciencia y habilidad, se dedican a sacar adelante sus proyectos intercambiando recursos públicos a cambio de algunos votos de los parlamentarios opositores menos hostiles o más débiles. Esto lo ha hecho con resultados ambiguos. Pero debido a las mayorías que requieren las reformas políticas y económicas que se reclaman, este es un camino incierto y de corto trecho. El segundo camino, es el retórico al que recurre un Presidente que, justamente por haber sido elegido directamente por la mayoría de los ciudadanos y gozar de  la más alta magistratura,  llama directamente a la nación para superar a los opositores que lo obstruyen. Hay veces que desde lo alto del poder el Presidente amenaza y presiona; invoca a la unidad nacional y condena a los opositores de antipatriotas y no duda en usar la policía y ejército que controla. Este es un presidencialismo imperial que puede llevar a graves polarizaciones políticas de dudoso resultado para el Presidente y garantizado desastre para la democracia. Por cierto, el actual Presidente de Chile no goza de la popularidad que esta vía supone.

Hay veces que el Presidente debe abrirse a una tercera posibilidad: un cierto ejercicio carismático o suprapartidista del poder. Aquí el Presidente entiende que la unidad nacional exige renunciar a ciertos postulados o políticas. En caso de crisis económicas, sociales o militares surge con fuerza este papel. El Presidente de la República es Jefe de Estado y debe arbitrar las diferencias entre bandos hostilmente encontrados que amenazan la paz y salud públicas.

Pedro Aguirre Cerda se enfrentó a su partido hasta lo insoportable, si hemos de dar crédito a su viuda. Jorge Alessandri buscó el acuerdo con el Partido Radical y estabilizó su gobierno. Eduardo Frei M. reclamó a su partido lealtad. Salvador Allende no quiso quebrar su coalición para no ser recordado como un nuevo Gabriel González Videla. Muchas veces los Presidentes bajo los gobiernos de la Concertación debieron apoyar a algunos de sus partidos en contra de los otros, ejerciendo este papel suprapartidista. Patricio Aylwin y Eduardo Frei sabían de los deberes en materia de Derechos Humanos que especialmente le imponía el PS. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet sabían que los elementos más laicistas de su pensamiento, que alentaban sobre todo el PPD y el PRSD, debían moderarse ante el falangismo socialcristiano. Pero cuando así actuaban se enfrentaban a sus más directos apoyos en sus respectivas coaliciones. Y, en ciertos casos, como al construirse el Penal de Punta Peuco, o impulsar el Plan Auge, los Presidentes se enfrentaron a parte de su coalición.

Llama la atención que se monte tanta algarabía en contra del acuerdo entre la DC y RN en orden a establecer un régimen semi-presidencial. Se dice que eso debilitaría al Presidente de la República. Sin embargo, alegan justamente quienes presionan por los diarios al actual Presidente de la República reclamando que ellos lo eligieron y que sin su apoyo el Jefe de Estado nada sustantivo puede hacer. Tiene derecho a hacerlo, sin duda. Pero más dudosa es la actuación si consideramos que ella debilita en los hechos al presidencialismo que se defiende con las palabras.

Columna publicada en www.cooperativa.cl el miércoles 25 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

El documento “Un nuevo régimen político para Chile”, suscrito por Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, y Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, tiene el mérito de reivindicar el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre una fuerza de oposición y otra de gobierno para impulsar las reformas políticas que el país no puede seguir postergando, en primer término el cambio del sistema electoral.

Se necesitaba coraje para tomar una iniciativa como esta, que previsiblemente iba a provocar recelos en los respectivos aliados y a desconcertar a mucha gente, pero las directivas de ambos partidos se atrevieron a dar el paso.

Las críticas más duras vinieron desde la UDI hacia RN, en tanto que los partidos de la Concertación, más allá de los rezongos incoherentes de algún parlamentario, se inclinaron hacia la valoración del acuerdo. Es probable que la mayoría de los chilenos haya visto con simpatía un esfuerzo que está orientado a mejorar el régimen democrático.

El documento propone avanzar hacia un régimen semipresidencial, que separe las funciones de Jefe de Estado (Presidente) y Jefe de Gobierno (Primer Ministro). El primero sería elegido por voto universal y tendría atribuciones exclusivas en las relaciones internacionales, la defensa nacional y la tuición de la administración pública, con funciones de moderación y arbitraje político.

Tendría, además, la facultad de disolver el Congreso por una vez en su período. El Jefe de Gobierno sería propuesto por el Presidente y aprobado por el Congreso. El documento no especifica si el Jefe de Gobierno sería un parlamentario o un ciudadano cualquiera.

Está muy extendida la crítica al presidencialismo extremo que existe en Chile, pero no es sencillo llegar a un acuerdo para modificarlo.

Semipresidencial se parece mucho a semiparlamentario, y es preferible prever los conflictos que pudieran surgir a partir de un híbrido institucional que no sabemos bien cómo funcionaría.

Las tradiciones cuentan: así como los chilenos tendemos a pensar que “el Presidente de la República es el que manda”, el solo hecho de que se proponga que él tenga la facultad de disolver el Congreso nos pone en estado de alerta. Esa disolución está consagrada en los regímenes parlamentarios, pero acá suena extraña. Hay que tratar de que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

Y tal podría ser el caso si se produce una colisión entre las funciones del Presidente y del Primer Ministro. Como sea, es un debate abierto.

Lo realista es concentrar los esfuerzos en el punto 2 del acuerdo, “Cambio del actual sistema electoral”, en el que se propone avanzar hacia “un sistema electoral proporcional corregido, que permita ampliar sustancialmente la representatividad”, y en el punto 3, “Potenciar la calidad de la política”, en el que se plantean el financiamiento público de los partidos, la prohibición de las relecciones indefinidas en los cargos de elección popular, las primarias vinculantes y la obligación de los partidos de asegurar la democracia interna.

Esperemos que la discusión sobre el régimen semipresidencial no empantane la posibilidad de un acuerdo respecto de lo más urgente, que es establecer un sistema electoral proporcional, con nuevos distritos y circunscripciones. De ello depende el saneamiento de las elecciones parlamentarias.

No podemos elegir senadores y diputados el próximo año en los marcos de un sistema definitivamente viciado, que ha erosionado la autoridad del Congreso y ha introducido prácticas nefastas dentro de los partidos. Necesitamos elecciones verdaderamente competitivas.

¿Qué hará la UDI en este contexto? Son limitadas sus posibilidades: o intenta bloquear la reforma electoral, lo que revelaría una aguda falta de realismo puesto que la mayoría del país está a favor del cambio, o se integra al debate sobre la fórmula concreta de reemplazo del binominal.

Si sus líderes actúan “doctrinariamente” para defender la cuota de poder parlamentario que tienen, amenazando incluso con retirarse del gobierno, se arriesgan a cometer un error catastrófico.

¿Estarían dispuestos a quebrar la coalición gobernante y abandonar a Piñera en un año de elecciones municipales?

¿Cuántos alcaldes de la UDI mantendrían sus cargos si la derecha se divide?

¿Y qué pasaría en 2013 en las elecciones parlamentarias y presidenciales?

Se necesita un acuerdo que comprometa en lo posible a todas las fuerzas políticas, incluida la UDI. Para ello, es necesario dejar la calculadora a un lado y priorizar los acuerdos que sirvan al país.

La mayor responsabilidad es del Presidente Piñera: si impulsa resueltamente la reforma electoral, puede hacer una gran contribución al perfeccionamiento del régimen democrático.

Algunas reacciones ante el documento de la DC y RN demuestran que casi todos sintieron que se movía el piso, lo cual es saludable para la oxigenación y renovación de la política.

¿Podrían armarse nuevas coaliciones en el futuro? Nada está escrito.

Por lo menos, nos consta que algunos parlamentarios opositores han dedicado no poco tiempo a imaginar nuevos referentes. En todo caso, es valioso que Ignacio Walker haya reafirmado que la DC se ubica claramente en la centroizquierda y que sus aliados son los partidos de la Concertación.

¿Surge a partir de este documento la posibilidad de que en el futuro se formen otras coaliciones? Quién puede saberlo. Es una posibilidad siempre abierta. La DC, en todo caso, ha ratificación su adscripción a la alianza de centroizquierda que es la Concertación.

Columna publicada en www.latercera.cl el lunes 23 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

El índice Paz Ciudadana-Adimark Gfk del segundo semestre de 2011, que consulta a 4.037 personas de 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de regiones, aplicada entre el 4 de noviembre de 2011 y el 4 de enero de 2012, dio cuenta de una vuelta a los índices de victimización de hace cinco años, una alta concentración de la actividad criminal en algunas zonas, un aumento en el “alto” temor y una mala evaluación de las instituciones responsables.

Tras 13 años de aplicación, esta encuesta es la más antigua del país, que ha permitido conocer la evolución de delitos contra la propiedad y es una herramienta clave para tomarles el pulso a la delincuencia y a las políticas de seguridad. Respecto de la victimización por delitos de robo o intento de robo, el índice arroja un aumento de 6,3 puntos porcentuales (de 33% a 39,3%), entre diciembre de 2010 y 2011, alza que se registra tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, vemos que el 89,5% de los delitos se concentra en el 27,4% de los hogares en Chile, principalmente en Santiago y en la zona norte de la capital. Igualmente, preocupante resulta el aumento de la revictimización de 19,7% en diciembre de 2010 a 27,4% en diciembre de 2011.

Sin embargo, no sólo se registra una mayor victimización en la capital, sino que también -y lo que más debemos atender- dentro de la comuna y del barrio, especialmente considerando las próximas elecciones edilicias en las que este tema deberá ser abordado con altura de miras. Cinco puntos porcentuales crecen (de 27,9% en diciembre de 2010 a 32,9% en diciembre de 2011) los hogares víctimas de la comuna. Las personas también opinan que la violencia y la delincuencia en su barrio han aumentado significativamente. Lo anterior, sumado a la mala evaluación de las autoridades a cargo de la seguridad (que en promedio obtienen 3,9 en la escala de 1 a 7) y a la baja satisfacción de las víctimas con la actuación de policías y fiscales después de denunciar, es un llamado sobre la necesidad de revisar la suficiencia y eficacia de las intervenciones. En este sentido, es positiva la creciente línea de evaluación de programas adoptado por ministerios sectoriales en temas policiales y carcelarios. La actividad criminal es un fenómeno social cambiante, por lo que es complejo identificar en el corto plazo las causas específicas de su aumento y/o disminución en determinados períodos. Sin embargo, podemos identificar nudos críticos, como la necesidad de realizar análisis criminal, sobre todo en aquellos casos sin imputado conocido, para reconocer patrones y actuar proactivamente. Asimismo, la generación de una mayor calidad de servicio hacia las víctimas y los denunciantes. También debe atenderse al hecho de que unos pocos son responsables de una buena parte de los delitos. Cómo avanzar en quebrar estos círculos delictivos también debe ser parte de la preocupación.

No debemos simplificar el problema enfocándonos sólo en el área de control, desatendiendo la urgencia de concentrarse en las causas y factores que facilitan la reincidencia. Una de las áreas más olvidadas como política pública ha sido la rehabilitación y reinserción que es necesario priorizar, avanzando hacia la creación de una institucionalidad ad hoc, profesional, separada de Gendarmería y con presupuesto propio.

Columna publicada en www.latercera.cl el domingo 22 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

Decir que la política en Chile está en crisis no es novedad. Pegarle duro a los políticos se ha convertido prácticamente en deporte nacional y, mientras, allá afuera están pasando cosas potentes, señales de un cambio social importantísimo que como sociedad debemos escuchar y atender. Todos, sin excepción.

Definitivamente el 2011 marcó un cambio importante en la forma en que nuestros jóvenes asumen la realidad de su país. A tono con otros movimientos masivos en el mundo, los dirigentes estudiantiles decidieron sacar la voz, en busca de una reforma profunda al modelo educacional vigente.

Hoy, en estos días de vacaciones, parece propicio tomarnos un minuto para reflexionar sobre este proceso y buscar cambiar, también en nosotros mismos, nuestra actitud, nuestra mirada hacia las nuevas generaciones, que no sienten miedo como nosotros, los más grandes. Que tienen ideales y se comprometen por lo que creen justo, contrario a los discursos añejos de quienes han ninguneado permanentemente a este sector de nuestra sociedad, pensando en decidir por ellos el modelo educacional, cultural, económico y político que más les conviene.

Este fin de semana, más de cien jóvenes se comprometerán para tener un espacio distinto en la sociedad, para dejar de ser espectadores y convertirse en promotores de cambio. Porque la renovación de la política pasa, necesariamente, por brindar las herramientas a quienes tienen pasta de líderes y quieren hacer cosas por Chile. Ellos quieren participar y sienten, como me lo han manifestado muchas veces, que eso es más que solo votar en las elecciones para alcalde, diputado o presidente. También quieren tener la posibilidad de concretar proyectos e ideas que vayan en beneficio de los que más los necesitan y mientras las cúpulas sigan siendo las mismas, no habrá espacio para ellos. Y los estaremos perdiendo.

Por eso, el cambio mayor debe ser el nuestro, el de los grandes o los viejos, para que ese espíritu que marcó al 2011 gracias a estos muchachos, siga vivo este 2012 y se encauce positivamente. No basta con decir cuánto nos gusta lo que está pasando, también tenemos que ponernos a trabajar por permitirles encausar sus anhelos, practicando día a día la inclusión de sus demandas.

Columna publicada en www.latercera.cl el viernes 20 de enero de 2012. Acceder a publicación original acá.

En la historia de la humanidad, la manera de enfrentar las epidemias ha marcado la diferencia. En algunos países se mantuvo a los portadores de VIH/sida en una isla, para cuidarlos mejor y tuvieran espacio. Hubo países occidentales que en los primeros años de la epidemia exigieron demostrar un examen de VIH negativo para traspasar sus fronteras. Poco y nada se logró: el sida es una pandemia que no ha respetado fronteras y está presente hasta en el último rincón del planeta. Aplicar medidas de este tipo proyecta la imagen de una autoridad todopoderosa, que para proteger la salud de la población puede violar los derechos humanos. Todo lo contrario al concepto de salud que ha permitido que el mundo avance: ese que dice que la salud es tarea de todos y de cada uno de nosotros, ejerciendo tanto la responsabilidad individual y social, la cual debemos fomentar respetando los derechos humanos.

El Ministerio de Salud ha publicado recientemente un decreto que, en los hechos, promueve una conducta atentatoria a los derechos humanos, cuando se señala que los médicos deben asumir una labor de pesquisa que no les corresponde: buscar los contactos sexuales de sus pacientes diagnosticados con VIH/sida. Claramente, una medida de esta naturaleza atenta en contra de la confidencialidad del paciente y privacidad de las personas, como también atenta en contra de la ley del sida, que garantiza los derechos de los pacientes, como asimismo vulnera el rol que debe tener el médico, cuya prioridad es su paciente, al cual debe curar y acompañar, y no juzgar y/o fiscalizar buscando sus contactos sexuales. Promover que los especialistas realicen una pesquisa de este tipo atenta  la relación médico-paciente, la que siempre debe establecerse en un marco de mutuo respeto y horizontalidad, a fin de crear confianza y generar la intimidad necesaria que debe existir entre el profesional y sus pacientes.

Este decreto no contribuye a cumplir con este propósito, más bien atenta en contra de ello y, sobre todo, afecta en el largo plazo llevar a cabo una prevención y tratamiento oportuno y eficaz del VIH/sida. Por otra parte, medidas como éstas no ayudan a fomentar una relación de fidelización médico-paciente, tan necesaria en tratamientos como los del VIH/sida, que exigen adherencia de por vida. Sin embargo, es necesario hacerse cargo también de los derechos que tienen las personas que han tenido contacto sexual con una persona viviendo con el VIH.

Para ello, debieran reforzarse las campañas de prevención y educación, la promoción del preservativo y la realización oportuna del examen; reforzar la educación sexual en los colegios; la conversación con la pareja; la elaboración y aplicación de planes focalizados en grupos con conductas de riesgo; en fin, muchas herramientas que debiesen implementarse en forma sistemática y coordinada, y sobre todo sostenidamente en el tiempo. Todos somos testigos de que, a pesar de haberse desplegado acciones en esta dirección,  éstas han sido insuficientes y descoordinadas. Este es el camino que debemos emprender, y nunca es tarde para hacerlo. Los médicos no tienen la función de exigir los contactos sexuales de sus pacientes. Lo de ellos es promover la salud, hacer prevención y realizar tratamientos eficientes.